Por un lado, Cataluña y el País Vasco
han hecho una rebelión al no haber aprobado aún los desarrollos
curriculares de Primaria -una etapa educativa que ya lleva un curso
funcionando- y el Gobierno estudia actuar contra ellas.
Por otro lado, sólo cuatro comunidades autónomas (Madrid, Castilla y León, Baleares y Aragón)
han aprobado la normativa correspondiente a Secundaria a apenas cuatro
meses de empezar el curso. Las demás están aún dentro de plazo y tienen
ya redactados los borradores, pero el nuevo escenario político surgido tras el 24-M amenaza con dejar estos decretos en el aire.
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